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La posibilidad de recurrir una sanción administrativa es una opción que suscita numerosas dudas en ciudadanos y empresas, sobre todo si no cuentan con la posibilidad de contratar los servicios de un abogado o con un departamento legal propio.
Sin embargo, se trata de un procedimiento bastante sencillo y que puede permitir resolver situaciones injustas o que se consideren no ajustadas a Derecho.
De todos modos, antes de entrar en materia, es importante recordar a qué nos referimos exactamente con el término «recurso administrativo».
¿Qué es un recurso administrativo?
El recurso administrativo es el medio o procedimiento que tienen los particulares para impugnar, en sede administrativa, un acto o resolución administrativa que consideren contraria al ordenamiento jurídico.
Por tanto, este procedimiento nos permitiría presentar recursos contra sanciones administrativas, entre otros muchos casos.
Cuando se agotan las vías para recurrir ante la Administración a través de este tipo de recursos, todavía existe la opción de reclamar en vía judicial. El medio habilitado para ello es el denominado recurso contencioso-administrativo.
Además, este último también sirve para impugnar disposiciones administrativas de carácter general.
Dónde se regulan
Los recursos administrativos se regulan principalmente en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En concreto, es el Capítulo II del Título V el que contiene las normas aplicables a esta clase de procedimientos.
Tipos de recursos administrativos
De acuerdo con la mencionada Ley 39/2015, existen fundamentalmente dos tipos de recursos administrativos ordinarios, más otro extraordinario:
1. Recurso de alzada
El recurso de alzada es el que se interpone ante resoluciones y actos que no pongan fin a la vía administrativa. Es decir, que todavía puedan tramitarse ante autoridades administrativas y no ante un órgano judicial.
En estos casos, se planteará el recurso ante el órgano superior jerárquico del que los dictó, de ahí la denominación de «alzada».
De este modo, si queremos recurrir una sanción administrativa (como una multa de tráfico o una sanción de Hacienda), debemos plantear este recurso de alzada ante el órgano superior a aquel que haya resuelto el procedimiento de imposición de dicha sanción.
Hay que tener en cuenta que este tipo de recurso administrativo se puede interponer tanto frente a resoluciones como determinados actos de trámite. En este último caso, debe tratarse de actos que encajen en alguno de los siguientes supuestos:
- Decidan directa o indirectamente el fondo del asunto.
- Determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento.
- Produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos.
El plazo para interponer el recurso de alzada para recurrir una sanción administrativa o cualquier otra resolución es de:
- Un mes si el acto recurrido fuese expreso.
- Tres meses si no lo fuese, con carácter general.
Recuerda que los plazos se computan desde la notificación del acto.
En este punto, es muy importante tener en cuenta que es muy frecuente utilizar sistemas de notificación electrónica, lo que puede plantear algunas dificultades adicionales para ciertas empresas que manejan un gran volumen de comunicaciones por esta vía.
Para más información sobre este tema, puedes consultar el artículo donde analizamos en detalle qué son las notificaciones electrónicas.
2. Recurso potestativo de reposición
Como su propio nombre indica, este recurso es potestativo. Es decir, no es necesario interponerlo, ya que se podría acudir directamente a la vía judicial, presentando un recurso contencioso-administrativo.
No obstante, si se quieren agotar todas las opciones, puede interponerse este recurso administrativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto o resolución recurridos.
Los plazos de interposición de este tipo de recurso administrativo son los mismos que en el de alzada.
3. El recurso extraordinario de revisión
Adicionalmente, la ley contempla otro recurso administrativo para casos excepcionales.
Se trata del denominado «recurso extraordinario de revisión». Este solo procede cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias excepcionales:
- Que al dictar el acto se hubiera incurrido en error, de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.
- Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.
- Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.
- Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.
¿Cuándo no se puede interponer un recurso administrativo?
En general, no se puede interponer un recurso administrativo contra la resolución de un previo recurso administrativo.
Igualmente, la Ley 39/2015 indica que no pueden interponerse contra disposiciones administrativas de carácter general.
En ambos casos, ha de usarse el recurso contencioso-administrativo, ya en vía judicial.
Conclusión
Como ya mencionamos más arriba, un aspecto importante a la hora de presentar recursos contra sanciones administrativas o cualquier otro acto, es el de los plazos. De hecho, el incumplimiento de plazos también puede ser el origen de la propia sanción que se quiere recurrir.
En este sentido, y sobre todo en el caso de empresas que manejan un gran volumen de procedimientos, con múltiples usuarios autorizados, el volumen de notificaciones electrónicas puede resultar difícil de controlar.
De este modo, aparte de la eventual imposición de sanciones en primer término, también podrían pasarse las fechas de recurso.
Por este motivo, es recomendable contar con un software gestor de notificaciones electrónicas, como IvNeos, que permite:
- Recoger automáticamente las notificaciones emitidas por más de 9.000 organismos públicos (AEAT, Seguridad Social, etc.).
- Controlar el estado de las comunicaciones en tiempo real.
- Descargar y almacenar los documentos de forma segura en la nube.
- Presentar escritos ante la Administración Pública.
De este modo, podrían evitarse muchas infracciones y, en último término, facilitar la presentación de recursos contra sanciones administrativas.
